Desde sus inicios, las administraciones de loterías eran concesiones administrativas del Estado y salían a concurso con unos requisitos establecidos que los aspirantes debían cumplir. Una vez resuelto el concurso, el aspirante ganador pasaba a ser administrador de loterías dependiendo del Ministerio de Hacienda y con las obligaciones de cualquier trabajador autónomo.

En 2009 se crea la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) con la intención de privatizar parte de Loterías y Apuestas del estado y se inicia un proceso de cambio de régimen jurídico de los puntos de venta de Loterías:

Se pide a todos los titulares de puntos de venta que renuncien gratuitamente a su concesión administrativa y pasen a un contrato mercantil, sin compensación económica alguna pero con las «ventajas» de poder crear sociedades o traspasar su negocio a terceros. Hasta ese momento, se podía transmitir la titularidad a parientes de primer grado sin beneficio económico.

Este contrato mercantil no recoge apenas derechos para los administradores de loterías y les deja en una clara situación de inferioridad jurídica con respecto a Loterías y Apuestas del Estado, lo que genera muchas dudas e inquietudes entre todo el colectivo.

Para acelerar este cambio, SELAE inicia una campaña de presión a través de las Delegaciones comerciales, visitando todos los puntos de venta instando que firmaran el nuevo contrato con amenazas, presiones e incluso extorsiones. Pese a las recomendaciones de expertos en derecho mercantil, muchos titulares cedieron debido a las presiones y el miedo, pero otros seguían negándose.

La presión más clara se recoge directamente en la misma ley que rige el cambio de régimen (D.A. 34 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010) indicando que si el titular de un punto de venta no se cambiaba a contrato mercantil, podía seguir en concisión administrativa respetándose sus derechos adquiridos pero sin posibilidad alguna de transferir esta tal y como se había hecho durante toda la historia de Loterías, ni de trasladar de ubicación su punto de venta.

Un centenar de administradores no cedieron a las presiones y siguieron con su concesión administrativa confiando en el respeto a sus derechos adquiridos mencionados por la disposición adicional nombrada, sin embargo, todos los procesos judiciales iniciados por los puntos de venta han sido resueltos a favor de Loterías, ignorando los derechos adquiridos y de forma paralela se ha legislado para vaciar de contenido la concesión administrativa, dejando a estos administradores en el limbo legal más absoluto y sin voluntad alguna por parte de SELAE de resolver esta situación.

En la actualidad, 56 administraciones de loterías en régimen de concesión administrativa siguen luchando. El resto se ha jubilado, ha fallecido o ha cerrado su negocio por otras razones.

SELAE sigue esperando que esta «minoría residual» que continúa luchando, se vaya extinguiendo poco a poco sin intención ninguna de darles una salida.